Una iniciativa sin principio ni fin, sin reglas ni pautas conocidas ni preestablecidas. Así definía Agustín Eizaguirre, director general de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, a Gipuzkoa Aurrera, ese lobby, club o foro que incluye a la Cámara, MCC, Kutxa, Adegi, y la Diputación guipuzcoana. Nunca he entendido el para qué de esa agrupación, que trataría de compensar, al parecer, la falta de mayorías sólidas, la fragmentación política y la oposición de los movimientos sociales, lo que, formulado en esos términos, vendría a sancionar la impotencia y escasa capacidad operativa de nuestras instituciones políticas.
En Guipúzcoa, se afirma, cualquier iniciativa encuentra obstáculos insalvables para salir adelante, a diferencia de lo que ocurre en Vizcaya o en Álava. Sin embargo, lo curioso es que ese bloqueo rara vez es debido a un desacuerdo irresoluble entre las fuerzas representativas mayoritarias, ni tampoco a un rechazo explícito por parte de las mayorías sociales que las apoyan. Los proyectos estratégicos, es decir, esos que consideramos necesarios para el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad, no suelen concitar el rechazo de la mayoría de la población cuando se justifica adecuadamente su necesidad para el bien común, se ofrecen sus ventajas respecto a otras alternativas y se adoptan las medidas correctoras necesarias. Y son nuestras instituciones representativas las que pueden ser depositarias de una mayor confianza ciudadana al plantear esas iniciativas para el bien común. ¿Se puede pretender, acaso, que un lobby empresarial puede recabar para sí esa confianza de la que son deficitarias nuestras instituciones?
Guipúzcoa es víctima de un síndrome y es también víctima de un excesivo cantonalismo. El síndrome se llama Leizaran, un proyecto seguramente mal planteado y, desde luego, peor resuelto. Curiosamente, el proyecto de la autovía de Leizaran disfrutaba de un amplio consenso político y no podrá afirmarse que suscitara el rechazo de la población guipuzcoana, salvo -y aquí entramos de lleno en el problema del cantonalismo, más como instrumento político que como ideología- el de la de la zona afectada. No cabe duda de que el caso Leizaran se volvió paradigmático para el modo de afrontar sucesivos proyectos, tanto en lo relativo a la debilidad de nuestras instituciones cuanto en la fortaleza y maneras de quienes se oponen a ellos. Respecto al cantonalismo, a lo fácil que resulta encender entre nosotros la llama localista, quizá haya que buscarle raíces en algún tipo de idiosincrasia del territorio, mezcla de conservadurismo y de viejos usos en los que el terror puede hallar acomodo fácil, pero se ha convertido en un instrumento político que mina cualquier interés general que pueda concretarse en eso que se denomina Guipúzcoa.
Si es esto, la débil realidad de Guipúzcoa, lo que se pretende superar con Gipuzkoa Aurrera, tengo mis dudas de que sea el camino más adecuado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de septiembre de 2009