Hasta cinco supuestos de inconstitucionalidad ha detectado la patronal eólica tanto en la norma que prepara la Consellería de Economía e Industria para regular el sector eólico como en el procedimiento seguido para suspender el proceso de admisiones a trámite de los parques llevado a cabo por el bipartito. En una batería de alegaciones contra el canon eólico, su fin recaudatorio, los supuestos efectos paisajísticos de los aerogeneradores y el lucro cesante en el que incurre la suspensión de las autorizaciones, la Asociación Eólica de Galicia llega a advertir de que, con el nuevo sistema de cupos, la "arbitrariedad" de la Administración gallega está servida. "La consellería se está atribuyendo poderes, facultades y competencias que no puede ostentar", dice el sector, en lo que entiende como una ruptura de la libertad del mercado con el sistema propuesto para admitir de nuevo a trámite los proyectos, aplicando los cupos.
La patronal recuerda que la derogación del decreto del bipartito está al alcance de la Xunta si considera que es ilegal. También señala que no es precisa una ley para regular el sector y que Economía "está obligada" a resolver los recursos de reposición interpuestos por las empresas que quedaron fuera del reparto.
La inconstitucionalidad del anteproyecto de ley queda de manifiesto, dice la asociación, desde que se demuestra que el canon tiene un fin recaudatorio. "Es un impuesto", dice, y viene a sustituir a la participación pública propuesta por el anterior modelo. A mayores, se infringen principios constitucionales al establecer, de facto, un doble gravamen sobre los aerogeneradores, ya que están catalogados como bienes inmuebles y pagan su IBI municipal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de septiembre de 2009