El 46% de las penas impuestas a ciudadanos para trabajos en beneficio de la comunidad entre enero de 2008 y agosto de 2009 no se cumplió debido a la falta de plazas habilitadas para este fin. Por este motivo, el Gobierno vasco trata de cerrar un acuerdo con Eudel, la asociación que reúne a los 251 ayuntamientos vascos, para que aumenten el número de plazas.
Las penas para trabajos en beneficio de la comunidad son impuestas por los jueces, en la mayoría de los casos para aquellos ciudadanos que han cometido infracciones leves, frecuentemente relacionadas con la seguridad vial. Se trata de trabajos no remunerados que no sustituyen a puestos de trabajo y pueden compaginarse con las obligaciones laborales de quienes deben realizarlos.
Se cumplen en libertad, evitando así la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado. Su finalidad es promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común, resaltó ayer la consejera de Justicia, Idoia Mendia, al anunciar la negociación con Eudel. El objetivo es duplicar en un año el número de plazas ofertadas y superar las 700 actuales. Generalmente, estas penas derivadas de delitos leves tienen un plazo de prescripción de entre uno a tres años y cuando finaliza dicho periodo se quedan sin cumplir.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de septiembre de 2009