Fernando Ramia se siente doblemente engañado por la Demarcación de Costas. Tiene una casa, a 50 metros de la orilla, en la playa de Almenara que está en pie de puro milagro. Su historia es larga y, aunque peculiar, la podrían suscribir miles de afectados por la Ley de Costas de 1988, que condena al derribo las casas sobre dominio público.
Sus antepasados recibieron en los años 30 una concesión indefinida para esta casa, en 1987 su padre solicitó permiso para cambiar su titularidad y rehabilitarla. El ministerio accedió pero los propietarios no supieron entonces que su nueva licencia ya no era indefinida, expiraba en 2002, y no cabía una prórroga.
La segunda faena se la hicieron cuando Costas instruyó el procedimiento de derribo sin dirigirse a los moradores de la casa, Fernando y su esposa embarazada. Han recurrido a los tribunales y han conseguido que Costas pare el proceso hasta que se pronuncien, pero no es suficiente. Quieren otra ley que respete su casa. Costas no respondió a la llamada de este diario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de septiembre de 2009