El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra acaba de asestar el primer revés al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a quien el PSOE de Pontevedra acusó de certificar a su ex empresa desde la Diputación de Pontevedra el final de una obra apenas empezada. En una providencia firmada el pasado 18 de septiembre, la juez desestima el recurso interpuesto por el propio Hernández y el ingeniero de Obras de la Diputación de Pontevedra Baltasar Pujales, contra el auto de admisión a trámite de la querella que en su día presentaron los socialistas. La magistrada desecha los argumentos de los querellados y señala que los "hechos relatados pueden constituir un delito de falsedad".
Se queda ahí, sin entrar a juzgar en profundidad del asunto, esto es, si ambos cargos entonces de la Diputación de Pontevedra cometieron "dolo falsario" -premeditación y mala fe- en el acto jurídico o "si concurre o no una causa de justificación", ya que ése será el objeto de las diligencias que ahora se abren.
El hecho al que se refiere la denuncia es la certificación del final de obra en la variante de Lira a la empresa Sercoysa, a la que Hernández se incorporó como directivo cuando la Xunta de Fraga perdió el poder en 2005. En la providencia la juez recuerda además que de momento no ha practicado ninguna prueba, ni siquiera ha tomado declaración a los querellados, y defiende su competencia para seguir el caso, si bien deja abierta la puerta a que en el futuro podría inhibirse en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dada la condición de aforado de Hernández, que se deriva del cargo público que ocupa en el Gobierno gallego.
En el recurso que ahora desestima el juzgado, Hernández alegó que se limitó a "visar" el documento, porque él "tenía atribuida la misión de visar certificaciones de Obra en la Diputación de Pontevedra". El ingeniero Pujales que dependía de él, aseguró en su descargo, que la certificación falsa trató de salvar la colisión de intereses y optó por el bien mayor: salvar una ayuda del Gobierno central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de septiembre de 2009