Los jueces de Granada apoyan mayoritariamente la convocatoria de huelga para el próximo 8 de octubre de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Así lo acordaron ayer, sólo un día después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, apelara a su responsabilidad y "sentido de Estado" porque, en su opinión, es "inconciliable" el derecho a huelga por parte de un poder del Estado como son los jueces.
No es que Méndez de Lugo cambiara su postura, ya dijo en la anterior convocatoria que le parecía un "disparate", pero el pasado jueves fue más contundente y les recordó a los jueces andaluces que no son "funcionarios ilustrados, sino Estado". Esas declaraciones no sentaron especialmente bien en muchos de ellos, pero "respetan absolutamente" lo dicho por el presidente del TSJA, si bien defienden que actúan de forma "legítima y lícita".
En la Junta General de Jueces del Partido Judicial de Granada la convocatoria obtuvo un respaldo mayoritario. Veintisiete de los 31 jueces reunidos votaron a favor y cuatro se abstuvieron, según informó posteriormente el decano, Francisco Sánchez Gálvez. El Partido Judicial de Granada engloba a más de 50 municipios y cuenta con 48 jueces unipersonales. El plan de modernización propuesto por el ministerio no ataja "en sí mismo los problemas" en la administración de justicia, mantienen.
Entre los motivos esgrimidos por los jueces granadinos está la "insuficiente" planta para afrontar el volumen de los asuntos que soportan los juzgados y que ha acarreado una "saturación" difícil de sostener. Aumentar la ratio de jueces por población para equiparar España a otros países europeos es una cuestión fundamental para paliar, según dijeron, una situación "crítica" de la Justicia que "se agrava con una explosión como la crisis actual".
El máximo responsable de los jueces andaluces dibujó el día anterior un panorama esperanzador, a tenor del diagnóstico y los cambios profundos que comienzan a plantearse en el ámbito judicial. Pero eso no es suficiente para los profesionales que se consideran legitimados para ejercer su derecho a la huelga, pese a reconocer que la opinión del presidente es una postura "que tiene su fundamento y apoyo de otros sectores".
Granada se suma a Cádiz, Córdoba, Huelva y los magistrados de Málaga que ya han acordado secundar la huelga, mientras que en Sevilla la mayoría eludió pronunciarse. En Almería y Jaén no hay nada decidido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de octubre de 2009