Un decreto aprobado en abril con el fin de controlar el desarrollo de los proyectos de energías renovables se enmienda cinco meses después en el Senado aprovechando la tramitación de una ley que nada tiene que ver, ni con energías ni con renovables. ¿Cuál es el resultado? Un lío de mil demonios, un ministerio (Industria) vapuleado, un sector que amenaza con demandas y varias comunidades autónomas indignadas. Tras el velo de la polémica, dinero a espuertas.
El decreto en cuestión (6/2009) se aprobó en abril a instancias del Ministerio de Industria y, entre otras cosas, creaba un prerregistro con el que el departamento controlaba los proyectos de renovables viables, con financiación asegurada e inversión demostrada. Una vez examinados los inscritos, dichos proyectos tenían la retribución asegurada.
Lo aprobado no gustó a algunos partidos. CiU especialmente, advirtió cuando se tramitó el decreto que éste podía invadir competencias autonómicas. Finalmente, esta misma semana, una enmienda de la federación nacionalista catalana a una ley que se tramitaba en el Senado (Ley de Regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario) eliminó el prerregistro ideado por Industria. La enmienda fue negociada y aprobada también por el PSOE, lo que ha provocado más de un dolor de cabeza en lugares políticamente sensibles.
La agitación es importante porque a finales de septiembre, Industria ya había resuelto favorablemente las primeras 36 solicitudes de preinscripción, con una potencia en conjunto de 767 megavatios (MW) para la tecnología eólica, 50 MW para la solar termoeléctrica, 34 MW para biogás y 1 MW para cogeneración.
Como consecuencia, las empresas promotoras de centrales termosolares anunciaron ayer que estudian presentar demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, informa Juan Méndez, instó al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados -donde tendrá que convalidarse lo aprobado por el Senado- a que refuerce la estabilidad jurídica del sector de las energías renovables y garantice la viabilidad de los proyectos de plantas termosolares que actualmente se encuentran en ejecución en Andalucía.
Por su parte, y desde Bruselas, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, restó trascendencia a la polémica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009