El Consejo de Administración de Carrumeiro Media, SA, aseguró ayer que "todos los contratos suscritos" con el Consorcio Galego da Igualdade e do Benestar atienden a los requisitos recogidos en la normativa de contratación pública, y negó "rotundamente" las "acusaciones veladas" que, a su juicio, se realizaron sobre la "existencia de financiación irregular de cualquier partido o grupo político".
De esta forma, la empresa exigió que "no se vuelva a poner en cuestión la honorabilidad personal de quienes trabajan o trabajaron" en la empresa y proclamó el "derecho fundamental, constitucionalmente reconocido al trabajo, de cualquier empresa y de las personas que formen parte de ella, con independencia de su afiliación política". Ahora Carrumeiro, fundada por tres dirigentes del BNG, apenas mantiene su actividad, e incluso ha dejado de editar su portal digital, GZ Nación.
"Todos los contratos suscritos por Carrumeiro Media fueron efectuados por los trámites establecidos en la normativa sobre contratación pública, con publicidad y concurrencia libre cuando legalmente era exigible", subrayó en un comunicado la empresa. El actual gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, acusó a la anterior Xunta de adjudicar, sin publicidad y por un año, un "contrato de transporte" por 69.000 euros con Carrumeiro. La firma también recibió más de medio millón de euros por facturas diversas en los dos últimos años del bipartito.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009