El Gobierno central deberá pagar a la Comunidad de Madrid más de 140 millones de euros por su colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria no abonada entre 1999 y julio de 2004, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo.
El fallo judicial da la razón al Gobierno regional en la reclamación que presentó en diciembre de 2004 por los gastos que se le adeudaban como consecuencia de la prestación de la asistencia sanitaria a sus trabajadores. La Comunidad ha venido colaborando con la Seguridad Social, haciéndose cargo de la gestión de la asistencia sanitaria de sus empleados a través de la Unidad de Prestaciones Asistenciales de Madrid (UPAM) hasta enero de 2009, fecha en la que este sistema de colaboración fue eliminado con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Por la prestación de este servicio debería haber recibido la correspondiente compensación económica de conformidad con lo dispuesto en la ley de la Seguridad Social. "Pero el Estado hizo caso omiso de las obligaciones legalmente establecidas, y se negó a abonar la deuda contraída con la Administración madrileña", según informó ayer el Gobierno regional.
La Comunidad recurrió a los tribunales, que ya le dieron la razón en una primera instancia en el año 2007. El Estado recurrió luego en casación ante el Tribunal Supremo. Ahora el alto tribunal considera, entre otras razones, que "no resulta aceptable que una colaboración de décadas entre la empresa demandante en instancia y la administración de la Seguridad Social pueda quedar extinguida por voluntad tácita de la administración".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009