La Diputación de Vizcaya recurrirá la triple sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 9 de septiembre, que declaró ilegales las vacaciones fiscales en los tres territorios vascos. Las diputaciones de Álava y Guipúzcoa analizan presentar también sus propios recursos.
El diputado de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, anunció ayer en la Comisión de Hacienda y Finanzas que los servicios jurídicos de la Diputación "han determinado que existen motivos suficientes y fundados" para presentar un recurso de casación ante el fallo. El Consejo de Gobierno aprobará formalmente su interposición en su reunión del próximo martes.
Fuentes del Ejecutivo foral de Guipúzcoa, que también se decanta por el recurso, muestran cierto malestar por que Vizcaya se haya adelantado. "Debería haber una labor conjunta de las diputaciones". La alavesa se ha dado un plazo de dos meses para determinar si conviene o no apelar.
Las 21 empresas que se acogieron en Vizcaya a incentivos fiscales contrarios a la legislación europea en 1993 y 1996 dejaron de pagar 96,3 millones de euros del Impuesto de Sociedades, según desveló el responsable de Hacienda. Esa cantidad, según incidió, ya fue devuelta en 2007, junto con otros 38,5 millones en concepto de intereses, por que la sentencia europea "no tiene efecto práctico".
Los junteros de PSE y EB criticaron el gasto que supone ahora apelar ante una sentencia que carece de consecuencias económicas. Iruarrizaga respondió que no se trata del dinero, sino de "la necesidad" de defender ante todas las instancias los elementos básicos del autogobierno vasco.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009