Rafael Blasco, consejero de Inmigración y Ciudadanía, defendió ayer en las Cortes la ley de ciudadanía corporativa, cuyo objetivo es impulsar acciones de voluntariado de los trabajadores, esencialmente en las pymes. Las empresas que inviten a sus empleados a ofrecer servicios voluntarios de cualquier tipo serán acreedoras de una certificación que avalará su responsabilidad social corporativa. "Se trata de extender una cultura de la solidaridad y fomentar las buenas prácticas en el tejido empresarial valenciano", comentó Blasco.
El consejero recordó que trabajadores de Ford, por ejemplo, se han organizado para limpiar los márgenes de L'Albufera en sus días de descanso. Pero destacó los casos de empresas menores que emplean a jóvenes incapaces de mantener la atención o procedentes de hogares desestructurados y subrayó los sorprendentes resultados obtenidos en su readaptación social.
La ley superó ayer en el pleno de las Cortes las enmiendas a la totalidad formuladas por todos los grupos de la oposición. La socialista Clara Tirado sacó a relucir la contradicción que implica "una ley de buenas prácticas elaborada por un Consell que rechaza la transparencia". Mireià Mollà, de Compromís, afirmó que el texto "no tiene más que humo". Marina Albiol, de Esquerra Unida, dijo que el texto legal es "vacío de contenido".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de octubre de 2009