Sin solución a la vista. Los representantes del gobierno español y de Guinea-Bissau (África) no llegaron ayer a un acuerdo para solucionar la situación de los tres pesqueros onubenses retenidos en alta mar desde el 9 de octubre acusados de repostaje ilegal de combustible (bunkering). El embajador español, Ángel Manuel Ballesteros, se reunió con las autoridades de la república africana, entre las que se encontraba el primer ministro, Carlos Gomes Junior, pero "no se ha podido alcanzar una respuesta inmediata", reconocieron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El plazo impuesto por Guinea-Bissau para abonar la sanción de 150.000 dólares (100.000 euros) por barco finaliza mañana.
Ángel Muriel, presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de pesca de Marisco (Anamar), aseguró ayer que "el repostaje no fue ilegal y, por este motivo, el Gobierno español quiere anular las sanciones o, al menos, reducirlas". Según Muriel, también gerente de Baltimar, propietaria del Sierra de Huelva, uno de los barcos detenidos, el país africano tendría competencia legal hasta 24 millas desde la costa. "Después no pueden aplicarse las leyes locales", añadió.
El patrón de otra de las embarcaciones, José Vaz, de 55 años y natural de Lepe (Huelva), insistió en que "desde 1989 hemos repostado gasoil de esta forma". Desde el Alfonso Riera I, fondeado también a unos 500 metros del puerto de Guinea Bissau, declaró que nadie le había informado de que esta práctica era ilegal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de octubre de 2009