"Todos los pagos practicados por el uso de la A-8 en Vizcaya tienen que ser devueltos, sin excepción". El portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazábal, exigió ayer con estas palabras al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que reintegre el dinero cobrado a los usuarios de la autopista entre junio de 2003 y diciembre de 2006 en concepto de un peaje que ha sido declarado "nulo" por una sentencia firme del Tribunal Supremo. La Diputación sostiene, en cambio, que el pronunciamiento del alto tribunal no implica por sí mismo el reintegro.
El Supremo acaba de desestimar el recurso presentado por el Ejecutivo foral contra una sentencia del mismo órgano que hace unos meses daba la razón al PP y declaraba ilegal el canon de la A-8. Según la Diputación, la sentencia "no pone en duda la validez del peaje, ni su cuantía, ni exige su devolución" y sólo afecta a aspectos formales.
En opinión de Olazábal, sin embargo, no devolver el peaje supondría retener cobros ilegales. El portavoz popular, quien anunció que su partido pondrá a disposición de los vizcaínos una web en la que se les explicará todos los pasos para reclamar, adelantó que "impugnará" los presupuestos de Vizcaya "si no se incluye una partida para devolver el peaje". La cantidad total rondaría los 170 millones. Para exigir el cobro sería imprescindible presentar un comprobante del pago que el 70% de usuarios que usan telepeaje o tarjeta de crédito podría pedir fácilmente a su entidad bancaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de octubre de 2009