El parlamentario de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Departamento de Sanidad a presentar en el plazo de seis meses un informe en el que se analicen las causas y problemas estructurales que determinan una "infrautilización" de la red pública vasca, respecto a los centros privados, a la hora de realizar interrupciones voluntarias de embarazos.
Arana precisa que el último informe publicado por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs) indica que en 2007 se practicaron 3.444 abortos, de los que sólo el 6,1% se efectuaron en hospitales públicos. El parlamentario destaca que en Euskadi existen siete centros de Osakidetza y otros tantos privados acreditados para realizar este tipo de intervenciones.
En el citado estudio se señala como posibles causas la objeción de conciencia de los profesionales médicos de los hospitales públicos, los distintos supuestos de riesgo para la madre o el feto o el estado más o menos avanzado de la gestación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de octubre de 2009