La Junta pagó el año pasado 16,8 millones de euros por el alquiler de sedes judiciales, una factura que puede aumentar "sensiblemente" en el actual ejercicio aunque la tendencia de estos contratos es a la baja, pues en seis años se han rescindido 36 que han supuesto un ahorro de 2,2 millones anuales. Los datos los expuso ayer en el Parlamento la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, quien insistió en que la Junta trabaja para favorecer el régimen de titularidad pública de los edificios e impulsar la concentración de sedes a medida que vayan construyéndose las ciudades de la Justicia comprometidas (faltan las de Cádiz, Jaén y Sevilla), cuyos plazos de terminación no especificó, pese a la insistencia de los grupos de la oposición.
Las explicaciones no convencieron al diputado del PP, Carlos Rojas, quien acusó a la Junta de incumplir el Plan de Infraestructuras Judiciales, cuyo plazo concluye este año, sin que estén en funcionamiento el resto de ciudades de la justicia, algunas de las cuales están en una situación "embrionaria", señaló. Según el PP, la Junta ha abonado desde 1997, año en el que asumió las competencias en Justicia, unos 159 millones por alquiler.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de octubre de 2009