El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), Juan Cano Bueso, abogó ayer por un endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal por delitos de prevaricación y urbanísticos. En concreto, dijo que sería "conveniente" el agravamiento de las mismas, a tenor de los casos de corrupción que han saltado a la luz en las últimas semanas.
Asimismo, el presidente del Consultivo apostó por "obligar" de alguna forma a las administraciones públicas para que no puedan eludir al menos "dolosamente" el dictamen del órgano consultivo, ya que es un "elemento de control previo a las decisiones" en materia urbanística, que es una de las que acapara mayor actividad del consejo.
Cuando se eluden estos controles y se hace "maliciosamente", subrayó Cano Bueso, el gobernante se está "acercando al Código Penal y al reproche penal", que no es la alternativa deseable en democracia y sí la "honradez y transparencia". En su discurso en la presentación de la memoria del órgano que preside, recalcó que el CCA "se ha erigido siempre en un valladar infranqueable para los comportamientos corruptos".
Sólo es "obstructivo" -dijo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- para los expedientes "maliciosamente confusos y engañosos" que pretenden "ocultar operaciones, beneficios y plusvalías" que no responden al interés general ni tampoco al ordenamiento jurídico vigente.
El jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, que presidió este acto, ensalzó la "independencia y rigor" de los dictámenes emitidos por el CCA, que se ha convertido en un "instrumento de referencia" para el Gobierno andaluz, ya que el 67% de las consultas en 2008 corresponden a la Administración autonómica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 2009