Para evitar discriminaciones hacia las mujeres el Gobierno anima a las empresas a que contraten mujeres y a que no las despidan cuando estén embarazadas. Esto incluye incentivos como deducciones en la Seguridad Social, o que la prestación de maternidad la abone el Estado y no las empresas. Sin embargo estas medidas, no las cumple ni la propia administración. La Junta de Andalucía, y más concretamente la Delegación de Educación de Málaga no cubre ninguna baja por maternidad de las funcionarias. Dicen que es que estamos en crisis y que no hay dinero. Y digo yo: si una trabajadora era necesaria cuando estaba en activo, ¿por qué ahora no es fundamental el trabajo que hacía? ¿Quién realiza sus funciones? Y sobre todo, ¿cómo pretenden que las empresas actúen con conciencia social si ellos mismos que deben dar ejemplo no lo hacen? ¿Ésta es la Administración que queremos o la que nos merecemos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de noviembre de 2009