La oposición vizcaína obligó ayer a la Diputación a debatir en las Juntas Generales la nueva norma elaborada para regular el peaje en la autopista A-8, la cuarta en siete años. En plena resaca tras el fallo firme del Tribunal Supremo que anuló la primera disposición sobre el peaje, aprobada en 2002, debido a que se utilizaban los ingresos para construir otras carreteras, el Gobierno foral planteó ayer que la nueva norma para adaptarse a la sentencia del Supremo se aprobase sin discusión.
Su intención era que se tramitase por vía urgente en lectura única, lo que impide su debate, y, como mal menor, con una discusión en comisión sin pasar por el pleno. Sin embargo, la situación de minoría del Ejecutivo foral impidió su propósito.
El asunto se trató ayer en la Mesa de las Juntas Generales, donde los tres representantes de la oposición (PSE, PP y Ezker Batua) rechazaron la propuesta de la Diputación, apoyada solo por los dos junteros del PNV. Así, la norma pasará el trámite habitual de la apertura del periodo de enmiendas, debate en la comisión y posterior en pleno.
Los grupos de la oposición censuraron que se tratase de aprobar la norma sin debate posterior y que se incorporen cuestiones como la posible retroactividad, "lo que es imposible en cualquier norma impositiva", apuntó la portavoz del PP, Nerea Llanos. "Es una norma que tiene mucho que cortar".
El PP fue el grupo que presentó la denuncia asumida finalmente por el Tribunal Supremo. Ha formulado hasta tres denuncias contra el canon de la A-8, en contra de las tres normas sucesivas que ha ido aprobando la Diputación, en 2002, 2007 y 2008.
Los populares sostienen que el fallo del Supremo posibilita a los usuarios pedir la devolución de lo cobrado entre 2003 y 2007. El PNV y la Diputación niegan que se deba pagar ninguna cantidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de noviembre de 2009