El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sus modificaciones, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el planeamiento hace un año. El PP se valió de su mayoría para ratificar el plan pese a las dudas jurídicas planteadas por la forma en la que se ha cumplido el fallo del tribunal.
El vicealcalde, Javier Moliner, no dio ninguna explicación a los requerimientos realizados por la oposición -el PSPV y el Bloc- sobre las diferencias planteadas por los propios técnicos municipales, que no han clarificado bajo qué ley se debía aprobar el plan, la LRAU, vigente durante su redacción, o la LUV, vigente en la actualidad.
Moliner minimizó en todo momento el trámite al que les obligó el Supremo hasta el punto de hablar de "encargo" y no de ejecución de la sentencia que declaró el plan nulo. El vicealcalde argumentó que la aprobación servirá para "restablecer la normalidad" e insistió en que se trataba sólo de subsanar un defecto de forma.
Para el portavoz socialista, Juan María Calles, el PGOU "aboca a un nuevo conflicto judicial" y su aprobación "está sustentada en el voto del mayor imputado de la Justicia española", en referencia a Carlos Fabra. Por su parte, Nomdedéu argumentó su voto en contra porque no tiene "garantías de estar haciendo lo mejor para la ciudad". Y añadió: "No sé si estamos ejecutando correctamente la sentencia del Tribunal Supremo".
Además, ambos ediles aludieron a las más de 600 alegaciones, que han sido desestimadas, en algunos casos sin argumentación, y criticaron el "desprecio" a la participación ciudadana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de noviembre de 2009