La batalla por la tutela del menor diagnosticado con obesidad mórbida continúa. Los padres, que mantienen al menor en paradero desconocido para la autoridad judicial, agotaron ayer el plazo concedido por el Juzgado de Instrucción orensano para aportar pruebas que los eximan de los delitos de desobediencia y ocultación de menores que les imputa el Ministerio Fiscal.
En su defensa, los progenitores presentaron un informe pericial firmado por la psicóloga Clara Isabel Fernández en el que consta que el ingreso en el Centro de Menores es perjudicial para el menor. Con este documento pretenden justificar, en palabras de su abogado, que no existe "voluntad rebelde al cumplimiento del mandato de entrega" sino la "actuación responsable de la paternidad". "Están protegiendo los intereses del niño porque su postura se basa en una causa justa", sostiene.
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La psicóloga señala que ha evaluado objetivamente (mediante pruebas estándar como dibujos y exámenes) la situación emocional del niño al que ha encontrado "muy nervioso" y deseando volver a la normalidad con su familia. El informe pericial concluye respaldando la decisión de los padres de no ingresar al niño en el Centro de A Carballeira ya que "sería contraproducente".
Pero la policía autonómica sigue buscando al menor mientras el procedimiento judicial contra los padres sigue su curso. El titular del Juzgado de Instrucción, Antonio Piña, decidirá esta semana si admite la prueba aportada en su descargo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de noviembre de 2009