El departamento de Acción Social de la Diputación de Vizcaya tiene más de 3.000 expedientes sin resolver de personas que han solicitado algún tipo de cobertura social. Alrededor de la mitad, unos 1.500 afectan a potenciales perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) y más de 1.800 a pensionistas que reclaman un complemento. Así lo reconoció ayer el diputado del ramo y portavoz de la Diputación, Juan María Aburto, quien aseguró que se están haciendo todos los "esfuerzos" posibles para resolver la situación "de inmediato".
Matizó, sin embargo, que la "gran mayoría de esas peticiones" se presentaron en septiembre y octubre, si bien reconoció que hay 600 que se solicitaron en marzo. "Las normas y leyes que establecen estas ayudas no fijan los medios para tramitarlas", criticó Aburto. Aún así, la Diputación va a reforzar el personal del departamento con 14 técnicos más en 2010 -ya se contrató a diez en abril para desatascar los 8.000 expedientes sin resolver que había entonces-. El comité de empresa foral y varias organizaciones exigieron ayer en una concentración unos "servicios sociales públicos de calidad" y subrayaron la falta de personal en Acción Social.
Por otro lado, la Diputación destinó ayer 8,7 millones a las ayudas de cooperación al desarrollo de 2009 por un importe de 8,7 millones, que irán a 85 proyectos; la mayoría en América Latina (40) y África (4).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de noviembre de 2009