El proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2010 se ha convertido en un calvario para Consell, diputaciones y ayuntamientos. El artículo 102 supone "un grave quebranto a las ya mermadas arcas municipales", denunció ayer en el pleno de la corporación provincial el portavoz socialista, Rafael Rubio. Este punto obliga a los ayuntamientos a sufragar la reposición de servicios como agua, gas o suministro eléctrico por las obras que acometa la Consejería de Infraestructuras de la Generalitat.
Los populares replicaron que este artículo se corregirá. El vicepresidente Juan José Medina recordó que el PP ha presentado en las Cortes una enmienda según la cual los consistorios sólo asumirán "obras de competencia municipal" y lamentó que Rubio responsabilice a la Diputación cuando "es el Gobierno central quien asfixia a los municipios".
Rubio dijo que la enmienda del PP no salvaguarda a los ayuntamientos de los costes y propuso a través de una moción que se especifique qué obras son de competencia municipal, para "evitar dudas". El PP se comprometió a trasladar la propuesta a las Cortes, pero votó en contra de la moción socialista.
Si antes Rubio reprochó al PP que no rechiste al presidente por el artículo 102, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se quejó de que el Gobierno central "obligue" a los ayuntamientos a pagar la cantidad porcentual para recibir las ayudas del Plan de Obras y Servicios (PPOS) de 2010. Rus se refirió a su anuncio en la pasada sesión plenaria de que la Diputación asumiría el recorte del Gobierno central de 3,5 millones de euros al PPOS y otorgaría a los consistorios estas inversiones sin coste alguno para ellos. Rubio exigió que el anuncio esté en el acta y no sólo en una circular remitida a los ayuntamientos.
También ayer se aprobó la creación de un nuevo puesto de interventor adjunto temporal. Los socialistas votaron en contra porque costará "106.000 euros más" y además ya existe un viceinterventor. Los populares replicaron que el puesto será "temporal", ya que servirá para que una persona se prepare "durante un mes o dos" para ocupar el puesto del interventor, que se va a jubilar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de noviembre de 2009