Entre tanto griterío de la derecha, está pasando desapercibido un aspecto regresivo del proyecto de ley de salud sexual, que recortaría los derechos de las mujeres embarazadas en grave riesgo para su vida y salud, para las que la interrupción voluntaria quedaría prohibida desde la semana 23 del embarazo y necesitarían en el tramo anterior más dictámenes previos que ahora.
En 1985, el Tribunal Constitucional avaló que la protección de la vida y salud de la mujer prevaleciese durante todo el embarazo. Algún sondeo indica que casi el 90% de la población apoya ese supuesto en su actual formulación y parece que hasta el PP lo admite porque no cambió la ley. Para reconocer un brevísimo plazo de libre decisión de 14 semanas no hacía falta complicar las cosas a las mujeres en riesgo, sólo para contentar a una derecha que no se lo agradecerá.
¿Por qué un Gobierno socialista en 2009 quiere dificultar o eliminar un derecho que magistrados conservadores avalaron en 1985? El Parlamento debe rectificar, al menos, ese aspecto del proyecto, por lo demás muy insuficiente y merecedor de otras enmiendas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de noviembre de 2009