El mismo día en que el Tribunal Constitucional confirma la legalidad de Sitel, ya que sólo se puede utilizar por orden de un juez, y poco después de que el Gobierno anuncie un servicio mínimo de acceso a Internet en todo el territorio tanto si es rentable como si no para las operadoras, el Parlamento Europeo aprueba una directiva por la que es posible cortar el acceso a Internet sin orden judicial.
Qué malos aires vienen de Bruselas, y qué poca capacidad tenemos para convencer a nuestros socios de la necesidad de proteger Internet como un servicio que lo está cambiando todo. Aunque falta por ver si a la larga será a mejor o a peor.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de noviembre de 2009