El proyecto de ley de Aguas superó ayer su primer trámite parlamentario al ser rechazada la enmienda a la totalidad que presentó el PP, único partido que se muestra decididamente contrario por considerar que la norma es intervencionista y que se sustenta en un puro afán recaudatorio. La norma regulará el ciclo integral del agua -bajo las directrices de la UE, que exige que toda el agua esté depurada en 2015- y plantea corregir el desequilibrio de tarifas entre los distintos municipios, de forma que todos los ciudadanos paguen lo mismo.
Entre sus principales novedades, el proyecto crea bancos públicos de agua, para que se pueda adquirir el agua en zonas excedentarias y emplearla en otros usos. A través de ellos, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.
En defensa de la enmienda a la totalidad, la popular Carolina González Vigo dijo que el texto es intervencionista, con un gran afán recaudatorio y generador de más burocracia. Alertó sobre los nuevos cánones y aseguró que, según sus cuentas, el Gobierno pretende recaudar 800 millones de euros, mucho más de lo que ha invertido desde que creó la Agencia del Agua. Los portavoces de PSOE e IU aventuraron que la ley será modélica para el conjunto del Estado y destacaron que se prima el ahorro frente al despilfarro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de noviembre de 2009