Cinco colegios profesionales -los de arquitectos, economistas, abogados, ingenieros de caminos e industriales- remitieron ayer al Departamento de Presidencia de la Generalitat un documento en el que rechazan la corrupción urbanística y defienden "las buenas prácticas" que prevé el actual marco normativo. No obstante, el texto, redactado a raíz del caso Pretoria, advierte de que "siempre aparece la tentación de responder con una nueva norma que todavía complique más" la legislación urbanística.
Los colegios profesionales destacan, con la misma contundencia con que se oponen a las ilegalidades, que hay que extremar la atención para blindar el interés público -urbanístico, económico y social- que debe presidir los procesos urbanísticos. Por ello, reclaman que se refuercen "la transparencia, el interés público y la complicidad" entre todas las partes: las administraciones, sus técnicos y el sector que promueve el urbanismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de noviembre de 2009