El debate sobre el calendario escolar es sólo la punta del iceberg de la batalla del tiempo. El tema del calendario escolar es una primera y significativa muestra del gran debate oculto de la familia, del tiempo, de la cotidianidad. La reforma que impulsa la Consejería de Educación combina las buenas intenciones y la deficiente puesta en práctica. No hay duda de que los horarios educativos no están bien planteados, como tampoco lo están los horarios y las pautas laborales. Todo apunta a que deberíamos avanzar hacia estructuras de tiempos vitales y laborales que permitieran más flexibilidad y una mejor adaptación de las necesidades personales y familiares, de atención y cuidado propio y ajeno. Pero lo cierto es que el trabajo lo ocupa cada vez más todo y lo hace de manera intrusiva y poco respetuosa con los aspectos antes comentados. La eliminación de la jornada intensiva en junio y el adelanto del inicio de las clases en septiembre parecen responder más a las exigencias de un mercado laboral voraz que exige más y más sacrificios a madres y padres que a criterios de flexibilidad y readaptación de tiempos vitales y tiempos escolares. Ya que si fuera lo segundo lo que contara, entonces no bastaría con estos retoques en el calendario escolar. El otro gran cambio es la semana blanca en febrero. En este caso, los efectos son mucho más globales, y exige articular esfuerzos múltiples de familias, entidades de ocio educativo y deportivo, municipios... La consejería promete que todo se hará mucho mejor que hasta ahora y que antes de final de curso se dispondrá de las plantillas de los centros, con sustituciones y cambios decididos. La centralización imperante en la política educativa no permite albergar grandes esperanzas sobre la capacidad de gestionar la cuestión del calendario adecuadamente. Si algo está claro es que la realidad de Cataluña es diversa, económica, laboral y socialmente hablando, y pensar que la cantidad de puntos y detalles que resolver con relación al asunto puede hacerse desde Via Augusta es poco realista. A no ser que uno lo que quiera sea sólo tomar decisiones y que los demás (familias, ayuntamientos y demás) deban asumir sin pestañear los costes de las mismas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de noviembre de 2009