El conflicto de los 43 mayoristas de pescado de Mercasevilla y el Ayuntamiento sigue atascado. La pasada madrugada se produjo el segundo paro y las pescaderías y minoristas debieron comprar el género en Córdoba y Cádiz. Por ello, el Consistorio prevé que las medidas de presión de los mayoristas sean sancionadas. Tras la propuesta de Mercasevilla, ahora el secretario municipal dilucida si es competente alguna concejalía o la Junta de Gobierno para multar a los empresarios. "Esta situación no se puede repetir y tienen una carta para sentarnos y hablar ya, de inmediato", afirmó ayer Alfonso Mir, consejero delegado de Mercasevilla.
Pero algo falla porque los mayoristas argumentan que buscan el diálogo y sin embargo no hay encuentro a la vista. La reivindicación de los mayoristas para lograr una rebaja de sus cánones está avalada por una sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia. Esta sentencia, ratificada por la Audiencia Nacional, considera "grave para el desarrollo de la libre competencia el intervencionismo de Mercasevilla". "Queremos negociar a pesar de que podemos ejecutar la sentencia. Y lo haremos si no hay más remedio. La plantilla se quedará en el aire y los servicios los prestaremos nosotros", amenazó ayer Antonio Vela, presidente de los mayoristas. Vela alega que las medidas de presión podrían ser más graves que el paro patronal de la pasada madrugada.
Los minoristas de pescado se mostraron en desacuerdo con el cierre patronal previsto, ya que les ha obligado a recurrir a mercados centrales de Cádiz, Jerez o Córdoba. "Lo respeto pero no lo comparto. No nos interesa que ningún día suceda esto", declaró Manuel Reina, presidente de los minoristas.
La Policía Judicial incidió en su informe sobre el caso Mercasevilla, en la gestión económica "inviable" que posee la empresa municipal, con una plantilla "diez veces superior a la necesaria debido a las concesiones a los mayoristas, como no pagar las tasas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de noviembre de 2009