La legitimidad de la invasión militar en Irak es tan "cuestionable" como difícil resultará determinar si se trató de una guerra ilegal, declaró ayer el ex embajador británico ante la ONU Jeremy Greenstock ante la comisión que investiga la implicación de Reino Unido en el conflicto.
El diplomático, que a principios de 2003 intentó arrancar del Consejo de Seguridad una resolución que avalara la intervención angloamericana, admitió que él mismo presionó a su Gobierno para que ésta se aplazara unos meses con el objetivo de dar margen al consenso en el seno de Naciones Unidas. Pero la determinación estadounidense ya había fijado la fecha para marzo de aquel año.
El 8 de noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1441, que forzaba el regreso a Irak de los inspectores de armamento para evaluar si el programa de Sadam Husein constituía una amenaza. Greenstock, representante ante la ONU entre 1997 y 2003, fue uno de los principales actores a la hora de negociar una segunda resolución, que consideraba "esencial" para que cualquier acción militar fuera considerada "legítima".
Greenstock, que luego fue enviado británico en Bagdad hasta 2004, considera que las resoluciones existentes podían haber brindado la "suficiente cobertura legal" a la intervención si se hubiera demostrado que Irak violaba sus obligaciones de desarme. No fue así, y su veredicto personal es hoy ambiguo. "En mi opinión se incurrió en un enorme riesgo al emprender una guerra a la que se oponía la mayoría de países miembros de la ONU, y la propia opinión pública británica".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de noviembre de 2009