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La pretensión de Feijóo de articular una posición unánime respecto al futuro de las cajas se desvanece. Su propuesta de fusionar Caixa Galicia y Caixanova cuenta con el apoyo del BNG, pero el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, se expresó ayer con rotundidad contra esta medida.
La directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, negó ayer ante un juez cualquier relación laboral con Dolores Seco, la trabajadora a la que despidió ilegalmente, según una sentencia firme dictada por el juzgado de lo Social número 2 de Ferrol.
"Entero, sin traumas aparentes y más fuerte que gordo". Así encontró ayer el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, a Moisés, el niño orensano de 10 años diagnosticado con obesidad mórbida a quien sus padres mantuvieron casi un mes y medio oculto, con la ayuda de otros familiares, para evitar el internamiento en un centro de menores decretado por la justicia.
El derribo de casas afectadas por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anula 21 licencias urbanísticas en A Guarda, comenzó ayer con las obras de demolición de tres inmuebles. Uno de ellos estaba habitado, el ocupado desde hace cuatro años por un matrimonio que fue incapaz de permanecer en el lugar donde se realizaba el derribo.
"No caben más, paren por favor". El ruego es del concejal del PP de A Coruña Miguel Lorenzo, alarmado por el boom de centros comerciales que crecen como setas en la segunda capital más pequeña en superficie de España.
La batalla para destituir a Isaac Díaz Pardo al frente del Instituto Galego da Información (IGI), último reducto del intelectual galleguista en el Grupo Sargadelos, se reabrirá en los próximos días.
La Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) "no nació con buen pie y hoy sigue con problemas". Las palabras son de su propio director, Juan Carlos Fernández Fasero, quien aseguró ayer en la comisión de cultura del Parlamento gallego que cuando el nuevo Gobierno llegó al poder se encontró con deudas por valor de 2,6 millones de euros.
Un proyecto del Estado de recogida de la tradición oral selecciona a ocho narradores en toda España, entre ellos un vecino de A Pastoriza de 85 años
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