La asfixia económica del Ayuntamiento de Jerez (209.000 habitantes) empieza a judicializar la gestión municipal. Una deuda de más de 20 millones de euros con una antigua concesionaria llevó ayer a declarar en los juzgados como imputada a la alcaldesa, Pilar Sánchez (PSOE), por los reiterados impagos a Imes, la anterior adjudicataria del servicio de calas de la vía pública.
La empresa reclama al Ayuntamiento 6,5 millones de euros por unos servicios que los contribuyentes habían costeado previamente y abonado a las arcas públicas sin que el Consistorio transfiriera después el dinero a la concesionaria.
Imes realizaba trabajos de rebaje de acerado que demandaron y pagaron los ciudadanos beneficiados, pero el dinero no llegaba directamente a la concesionaria, sino que se ingresaba en el Ayuntamiento. Los impagos municipales se fueron sucediendo y el pasado mes de junio explotó el conflicto. Imes presentó la carta de despido a sus 26 trabajadores. Tras varios intentos infructuosos de negociación, Imes dejó de prestar sus servicios.
La empresa asegura que el Ayuntamiento no ha pagado ni una factura desde 2006, mientras que el gobierno local afirma que le ha transferido 3,3 millones de euros entre 2008 y 2009. La alcaldesa debe responder ahora ante el Juzgado de Instrucción 4 por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Tras casi una hora de declaración, Sánchez se mostraba convencida de que se va a demostrar que la denuncia "no tiene ningún sentido".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de diciembre de 2009