El fiscal mantuvo ayer la petición de cinco años de cárcel y 11 de inhabilitación para el alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, por los vertidos "incontrolados e ilegales" de aguas residuales que afectaron a la urbanización de Llanos de Silva, entre los años 2001 y 2007. El Ministerio Público le atribuye un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental.
No es la primera vez que Víctor Sánchez, que actualmente está de baja como regidor, se sienta en el banquillo. De hecho, no asistió a la última sesión de la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada. Tampoco es la primera vez que es acusado por un delito ambiental, aunque por el anterior caso -vertidos en Raja Santa- fue absuelto.
Según el fiscal, los vertidos "incontrolados" derivados del incumplimiento "consciente" de las obligaciones del Ayuntamiento han provocado daños y perjuicios efectivos al dominio público hidráulico, afectando a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Los vertidos residuales han puesto en peligro la flora, fauna y acuíferos de la zona por la posibilidad de "contaminación microbiológica". Así, mantiene los cargos contra el regidor porque era el responsable directo del servicio de evacuación de aguas residuales y contra el administrador de la promotora que construyó las viviendas.
Para este último pide el fiscal tres años de cárcel e inhabilitación y una multa igual a la de Sánchez, que es de 18.000 euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de diciembre de 2009