La alimentación forzosa de una persona mayor de edad, capacitada y libre es un atentado contra los derechos humanos y los derechos fundamentales que nos otorga la Constitución. Viola los derechos de autonomía de los enfermos que recoge la Ley General de Sanidad y la Ley de Autonomía del Paciente. Todo funcionario -incluyendo al Gobierno-, juez o sanitario que obligue por la fuerza la alimentación de una persona libre está cometiendo un delito contra la dignidad y la integridad moral. Y como tal puede ser llevado a los tribunales.
Un Gobierno que se salta las leyes de un Estado de derecho no es digno de dirigir este país. Si nos quitan las formas pacíficas de lucha, ¿qué nos dejan?- César Caballero Samper. Madrid.
Creía que vivía actualmente en uno de los países más libres y con un Gobierno de los más respetuosos que nunca haya tenido España, pero después de enterarme de que ha solicitado la alimentación forzosa de Aminetu Haidar ya lo pongo en duda.
¿Dónde está la libertad personal y la dignidad que, si mal no recuerdo, ampara la Constitución.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de diciembre de 2009