El sindicato ELA acusó ayer al Gobierno vasco de marginarle de la mesa de control del plan para contratar a 7.000 parados a través de los ayuntamientos, una medida acordada en la mesa de diálogo social en la que la central mayoritaria se niega a participar. Su secretario general, Adolfo Muñoz, aseguró que el Ejecutivo va a financiar "con dinero público" una contratación temporal "en fraude de ley" y anunció que el sindicato estudia impugnar la orden del Gobierno vasco que desarrolla el acuerdo alcanzado con UGT, CC OO y la patronal. Se destinarán 63 millones para la contratación de 7.000 parados o perceptores de la renta básica. La subvención alcanza los 1.500 euros mensuales por contrato durante un periodo de seis meses.
Muñoz consideró "un escándalo" el uso de dicha cuantía "para financiar a las empresas", a pesar de que la contratación será gestionada por ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, cuadrillas y entidades sin ánimo de lucro. También insistió en que la ley exige "una causa temporal" para justificar el uso de este tipo de contrato -el Gobierno quiere que los contratos funcionen como cursos de formación en sectores de futuro-. Muñoz incidió en que, al constituirse la mesa de seguimiento del plan en el ámbito del diálogo social rechazado por ELA, "se deja fuera" a la central mayoritaria de Euskadi de su control.
CC OO, por su parte, respondió que ELA caerá "en el más clamoroso y triste de los ridículos" si impugna la orden. "Ni se sustituye empleo fijo, ni se subvenciona a empresarios, ni se incentiva la contratación que se realiza de forma ilegal", afirmó García. Las declaraciones de Muñoz evidencian, según CC OO, "que ni conocen ni se han leído la orden".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de diciembre de 2009