Fueron llamados a declarar a las diez de la mañana y salieron más allá de las seis de la tarde. La juez que investiga la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal de San Fernando (Cádiz) ha ordenado en los últimos dos días la presencia en los juzgados, en calidad de testigos, de los funcionarios que trabajaban en esa oficina, donde estaban también empleados los dos únicos imputados hasta ahora, Clemente Ruiz, que sigue encarcelado, y María José Lebrero, quien, tras prestar también declaración ayer, continúa en libertad con cargos. Los interrogatorios han servido para ampliar detalles técnicos sobre el funcionamiento de la caja después de que los informes policial y pericial del sumario determinasen que la dejadez y descontrol en esta oficina favoreció la desaparición del dinero público.
En los últimos dos días han comparecido ante la juez dos funcionarias. Ellas actuaban como auxiliares de caja y sus compañeros más cercanos eran los trabajadores imputados. De hecho, algunas veces, en la ausencia de alguno de ellos, se les había asignado que realizasen sus tareas. En el caso de Clemente Ruiz, estas sustituciones apenas fueron necesarias porque, según consta en el sumario, sólo se cogió siete días de vacaciones en los últimos cinco años. A él se le atribuye la autoría del robo material del dinero. Según las investigaciones, llegaba a sustraer cantidades diarias de entre 500 y 45.000 euros mediante una herramienta informática, creada por él mismo, que le permitía disimular la salida del dinero y la falta del dinero en metálico.
Según el sumario, este robo fue posible "debido a la falta de control y dejadez en sus funciones de los órganos superiores de la Delegación de Economía y Hacienda, concretamente del área de Tesorería, sobre todo del interventor y la tesorera". Estos dos últimos trabajadores tuvieron que acudir también al juzgado. Se da la circunstancia de que, durante el período investigado, el interventor fue también tesorero antes de cambiar de puesto. Los trabajadores municipales habían reconocido que existían descuadres contables, aunque ahora difieren en las fechas en las que comenzaron a detectarse. Tampoco se han puesto de acuerdo en cuántas llaves existían de la caja, aunque sí han señalado a Clemente Ruiz como el que tenía acceso físico al dinero. También se les preguntó sobre las claves de los ordenadores. Los dos imputados habían negado su existencia, lo que hubiese facilitado que cualquiera hubiese podido tener acceso a la documentación almacenada en las computadoras de los imputados.
Las declaraciones de estos empleados y de María José Lebrero, quien fue llamada para ampliar su testimonio recogido hace dos semanas, coincide con la noticia de que la Fiscalía de Cádiz ha decidido archivar otro caso de irregularidades denunciado por el PSOE en San Fernando. Los socialistas habían acudido al Ministerio Público para que investigara la doble facturación detectada en la empresa de alcantarillado. La Fiscalía Anticorrupción no ha visto indicio de delito, aunque el caso puede seguir siendo investigado por el Ayuntamiento, que en su día decidió rescindir el contrato a la empresa adjudicataria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 2009