La comisión de investigación de las Juntas Generales de Guipúzcoa que analiza las responsabilidades políticas del caso Glass-Bravo abrió ayer el turno de comparecencias con tres funcionarios del Departamento de Hacienda del ente foral. El jefe de la unidad operativa nº1 de la Subdirección de Inspección, la ex jefa del servicio de Impuestos Directos y la actual responsable de esta sección respondieron a las preguntas de la comisión presidida por el socialista Julio Astudillo.
Entre diciembre y febrero, cerca de 35 personas, entre ellas los últimos tres diputados generales comparecerán ante la misma. En esta primera etapa sus miembros, sujetos a la obligación de guardar secreto sobre el contenido de las declaraciones, intentarán confirmar el conocimiento que tienen del "peculiar" funcionamiento de la Hacienda Foral en el pasado. Las declaraciones de ayer y las previstas para hoy -comparecerán jefe del servicio de Impuestos Indirectos, del responsable de Desarrollo Normativo y de su antecesor en el cargo- tienen un perfil más tecnico.
Las primeras comparecencias tienen un perfil más técnico
La trama del caso Glass-Bravo, según la denuncia presentada en junio por la Fiscalía, causó unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal de 2,1 millones de euros. Según el Ministerio Público, la empresa catalana Glass Costa Este Salou falseó su domicilio en San Sebastián, cuando no tenía actividad alguna en la provincia, para acogerse a "cuantiosos beneficios fiscales" durante al menos tres ejercicios. Entre los imputados están el ex director de Hacienda y senador del PNV, Victor Bravo, el funcionario Rufino Eizaguirre, imputados por cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. También están imputados en la causa Arantza Arbelaitz, esposa de Victor Bravo; Jesús Jiménez Oruna, ex responsable del servicio del Impuesto de Sociedades y directivo de Cialt Asesores; el propietario de Glass Costa, Fernando González Enfedaque, y su esposa, Yolanda Zuinaga. La comisión tiene un plazo de seis meses para elaborar sus conclusiones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de diciembre de 2009