El fracaso de la pasada conferencia de Copenhague sobre cambio climático no debe hacernos olvidar el todavía más triste, aunque olvidado, incumplimiento del Protocolo de Kioto. Aprobado en 1997 y en vigor desde 2005, este acuerdo comprometió a los países desarrollados firmantes a reducir colectivamente sus emisiones un 5% como media anual durante el periodo 2008-2012 con relación a las emisiones del año de referencia (1990). Debido al reparto de cargas, España se comprometió a limitar en un 15% el crecimiento de sus emisiones durante dicho periodo. A pesar de su modesta contribución al problema (puesto 18º en el ranking de países contaminantes, algo más del 1% de contribución total), nuestras emisiones de gases alcanzaron en 2007 el 52,3% respecto al año base, 37 puntos por encima de lo convenido. De hecho, somos el país industrializado de mayor incremento. Siendo optimistas, podríamos llegar al 35%-40% por encima del año base.
Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto, por lo que habrá que comprar el derecho a contaminar más a otros países, lo que supondrá un coste de miles de millones de euros para el Gobierno y las empresas españolas, es decir, para toda la ciudadanía, que es la que paga los impuestos y las tarifas eléctricas donde se repercutirán los costes.
Se criticó entonces, y se ha vuelto a hacer ahora, que Estados Unidos (responsable de una quinta parte del problema de las emisiones) no firmó el tratado. Habría que preguntarse quién es peor, el que no quiere firmar o el que exige a los demás, firma y no cumple.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de diciembre de 2009