Ahora resulta que se incentivará a los médicos que expidan menos bajas laborales por incapacidad laboral o que lo hagan por un menor número de días. Pretenden controlar así el gasto público, destinando para ello 30 millones de euros. Y, una vez más, el que paga el pato es el ciudadano, al que, por cierto, casi nadie pregunta su opinión.
Si algunas asociaciones médicas se han indignado por ver cuestionada su praxis, ¿acaso no debemos indignarnos los ciudadanos, de los que se está suponiendo que defraudamos a la Seguridad Social? ¿Es que no tenemos derecho a una baja laboral digna para restablecernos de nuestras dolencias sin que se nos cuelgue la etiqueta de sanguijuelas? ¿No hay una manera mejor de hacerlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de diciembre de 2009