El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, instó ayer a los accionistas propietarios del Astillero de Huelva a que cedan todos sus derechos políticos "al nuevo administrador único, nombrado de común acuerdo entre la empresa y la Junta, que normalice el cobro de salarios de los trabajadores". Hasta ahora, los accionistas tan sólo han cedido el 37% de las acciones. La empresa ha propuesto a Rafael López-Tarruella, ex director general de Cajasol, como administrador único, una oferta que la Agencia IDEA debe ahora rechazar o aceptar.
Martín Soler aclaró que el Gobierno andaluz "no toma participación industrial" y que aseguró estar "en el camino adecuado para que se mantenga la actividad". El consejero espera que en los próximos días se concrete esa cesión de derechos políticos para nombrar un administrador único que permita salvar este astillero.
Soler llamó a la "responsabilidad" a la propiedad y ha agradecido a los sindicatos "su actitud y compromiso en defensa del empleo". El consejero recordó que tanto el astillero de Huelva como el de Sevilla "son propiedad del mismo accionista" y ambos astilleros tienen una deuda acumulada de 300 millones de euros. "Hay riesgo de cierre por ruina por una gestión inadecuada y el interés público del Gobierno es salvar los 2.000 puestos de trabajo y mantener la actividad", dijo.
Según Martín Soler, el conflicto de Sevilla "está desbloqueado", después de que haya aparecido una nueva compañía "con nuevos accionistas con un plan empresarial".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de enero de 2010