"Se trata de dar trabajo, el lazo familiar es circunstancial". Así de tajante se mostró ayer el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, del PP, al defender las adjudicaciones de los contratos para redactar proyectos del plan Confianza que han recaído en familiares de tres funcionarias de alto nivel. En la misma línea se expresó Loreto Serrano, concejal de Infraestructuras y responsable del programa de inversiones del Consell en el municipio. Serrano esgrimió la "elevada" carga de trabajo de los técnicos municipales para justificar estas adjudicaciones a profesionales externos a la corporación.
El primer edil Miguel Zaragoza señaló que el objetivo de su equipo de gobierno, tanto con las obras del plan Zapatero como las previstas en el programa homónimo del Consell, es "potenciar al máximo" la creación de empleo en el municipio, y con trato preferente a los parados autóctonos. "Así se lo hemos comunicado a todas las empresas adjudicatarias. Y, además, hemos tenido en cuenta no adjudicar todos los contratos a una misma firma", añadió. "En el caso de los contratos para la redacción de los proyectos del plan Confianza nos hemos limitado a atender a todos los profesionales que se han interesado, teniendo en cuenta los casos más necesitados. Por tanto, el tema familiar es circunstancial", subrayó el regidor. El alcalde resaltó, además, la legalidad de las adjudicaciones: "Se han hecho con transparencia y con todos los informes de los técnicos municipales a favor".
La concejal Serrano abundó en la tesis del alcalde. "Hemos atendido a todos los que han venido a ofrecerse y, además, les hemos advertido de que las adjudicaciones están pendientes de ser ratificadas por el Consell", explicó. "Todos tienen derecho a trabajar. ¿O es que por ser familiar de un funcionario se pierde ese derecho?", añadió.
La edil confirmó que con motivó del plan Zapatero, todos los proyectos fueron redactados por los técnicos municipales. "Entonces había menos trabajo, pero ahora el departamento está desbordado. Los técnicos están prácticamente absorbidos con los trabajos relacionados con el control e inspección de las obras del plan Zapatero", argumentó.
Serrano tampoco vio ilegalidad alguna en el hecho de que otros cuatro proyectos hayan sido adjudicados a dos arquitectos vinculados laboralmente con el Ayuntamiento, "su contrato es de obra y servicios", puntualizó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de enero de 2010