Este espectáculo nacional es gratuito. No hay que pagar entrada ni canon alguno. Es un sainete cuya primera parte se compone de diversos episodios de espectáculos benéficos que son obligados a pagar el 10% de la recaudación. Haya o no haya beneficios y aunque intérpretes y autores no cobren, la Sociedad General de Autores (SGAE) se lleva su parte. Quizá resulte ilógico; pero es legal. Así lo ordena la Ley de Propiedad Intelectual.
La segunda entrega comenzó antes de Navidad. Es una sublevación en toda regla de los peluqueros catalanes. Conminados a pagar a la SGAE por tener la radio encendida a modo de hilo musical, han pedido a sus clientes que cuando vayan a darse las mechas aporten su propia música para evitar el pago. No es mucho, 19 euros al trimestre, pero lo consideran abusivo. Y las radios se preguntan por qué la SGAE cobra dos veces por la misma difusión, dado que ellas ya satisfacen un canon a la SGAE (de unos 20 millones al año) por pinchar los éxitos del momento.
Ahora asistimos a la penúltima escena. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publica un informe demoledor contra las entidades de gestión de los derechos de autor (la SGAE, con el 70% de los autores, y otras siete, que se dedican a gestionar los derechos de otros que no sean compositores, cineastas o coreógrafos). Considera esta comisión que no hay transparencia en la gestión de estas entidades, que actúan como monopolios, que aplican tarifas no equitativas y que la Ley de Propiedad Intelectual debería reformarse.
La reacción pone los pelos de punta: para demostrar que no hay monopolio, cuatro de las ocho entidades se unen para defenderse. Y tanto las entidades como la ministra de Cultura alegan que la propiedad intelectual debe ser respetada (¿quién lo ha cuestionado ahora?) y asegurando que se cumple la ley. ¡Pues claro! Ése es el problema, podría responder la CNC.
No se le puede negar el título de sainete a este enredo nacional tan frívolo y estrambótico. Pero, como se decía, no tiene autor conocido, de momento, ni gestora que negocie sus derechos; ni siquiera en las peluquerías.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de enero de 2010