Convergència i Unió (CiU) afronta el final de la legislatura con la intención de no dar ni agua al tripartito en el Parlament. Por ello, la federación nacionalista se descolgó ayer de la ley de consultas populares que el Gobierno aprobó el año pasado y que está dando los últimos pasos en la Cámara catalana. En opinión del partido de Artur Mas, la ley no es suficientemente ambiciosa y la Generalitat debería regular también los referendos que no requieren el visto bueno del Gobierno central.
El consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, echó en cara a CiU que esté "perdiendo una oportunidad para dar pasos adelante" al no votar a favor de la ley.
La tramitación de la ley ha mostrado claramente la pugna de CiU y Esquerra Republicana (ERC) por el electorado más nacionalista y ambos partidos han intentado convencer de que la ley debía ser una vía para, en el futuro, preguntar por la independencia de Cataluña, algo poco probable, pues todas las consultas deberán contar con el visto bueno del Gobierno central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de enero de 2010