El 75% de las denuncias que se presentan en Ciutat Vella son por hurtos. Sus autores suelen actuar de común acuerdo en las calles de los centros comerciales, en el Barri Gòtico y La Rambla, o en el interior de los vagones del metro. Actúan con tranquilidad porque, aun en el caso de que les detengan, si el botín es inferior a 400 euros les pueden imponer una multa por el hurto y saben que por eso no entrarán en prisión.
El panorama puede cambiar con la reforma del Código Penal. Al menos, esa disposición mostró ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a la argumentación expresada por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El alcalde lleva tiempo demandando una puesta al día de los instrumentos legales para combatir los problemas reales, y el de la delincuencia llamada de menor intensidad ha puesto en la picota la imagen de Barcelona y la paciencia de los ciudadanos. El ministro estuvo de acuerdo en dos de las demandas. La primera, que se considere grupo organizado cuando tres personas -como mínimo- se pongan de acuerdo para cometer hurtos de forma reiterada. La segunda, que se adopte una orden de alejamiento de las personas condenadas de forma reincidente por hurtos de las zonas en las que han delinquido. Ambas cuestiones, señaló el ministro al término de la reunión con Hereu, se plantearán en el proyecto de reforma del Código Penal, que se encuentra ahora en discusión en el Congreso. Caamaño coincidió con el alcalde de Barcelona en que la delincuencia aparentemente menor es una de las que más trastornan las ciudades, porque es intensiva, y por ello es necesario mejorar los medios legales.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de enero de 2010