En la página 18 de EL PAÍS, el 26 de enero y bajo el título Diez minutos y a conducir, se comenta cómo, en muchos casos, los exámenes psicomédicos para obtener o renovar el permiso de conducción dejan mucho que desear en cuanto a rigor se refiere. Naturalmente, esta falta de rigor puede ser causa directa o indirecta de accidentes y de víctimas. Es un ejemplo más de adónde conduce la panacea privatizadora en aspectos sanitarios. Los centros de reconocimiento, quiérase o no, son entidades con ánimo de lucro e inmersas en el torbellino de la competencia para conseguir más clientes. Los clientes, en muchos casos, sólo desean poder conducir, sin pensar demasiado en las posibles consecuencias negativas. Sería más lógico que las jefaturas de Tráfico tuviesen sus propios gabinetes psicomédicos públicos, con personal funcionario especializado y pagado, obligado a cumplir los reglamentos y sin ningún estímulo para competir con otros centros. Los candidatos a obtener o renovar sus permisos abonarían unas tasas razonables y no habría estos problemas.
La cuestión está en el doble dogma de que lo privado es más eficiente que lo público y de que la competencia es el mejor estímulo para incrementar la calidad. Este dogma, para muchos políticos indiscutible, nos está llevando a un deterioro creciente de muchos servicios básicos, como son la sanidad y la educación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de enero de 2010