Un argumento habitual en estos tiempos de crisis es la reducción del gasto público. Y dentro de este capítulo, el de gastos de personal. Dejando aparte la discusión sobre la superposición y duplicidad de administraciones públicas para las mismas cuestiones, habría que distinguir entre los gastos de personal y el número de funcionarios y sus sueldos. La productividad debería ser una parte importante de las retribuciones. Los principios de mérito y capacidad deberían ser incontestables, y el número de empleados públicos que no entran mediante sistemas reglados, públicos y controlados de modo objetivo debería ser nulo. Quizás así no se discutiría si los funcionarios están o no bien retribuidos y su buen hacer dependería en gran parte de que España funcione, mejore y que la función pública colabore en que los españoles aumentemos nuestro nivel de felicidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de enero de 2010