El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha aprobado un informe sobre el Plan de Formación Profesional del Gobierno en el que ha apreciado "falta de concreción" en sus los resultados y ausencia de plazos para su ejecución que dificultan su seguimiento y evaluación. El citado plan fue aprobado por el anterior tripartito de Juan José Ibarretxe el 9 de noviembre de 2004, y se extendía al periodo entre ese año y 2007. Su objetivo era actualizar los diferentes programas de formación a las nuevas tecnologías y mercados con un total de 155 medidas.
El informe del tribunal fue realizado a petición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento. El texto fue aprobado por cuatro votos a favor y tres abstenciones de los miembros del pleno, según informó ayer el propio órgano auditor.
El carácter "genérico" de los objetivos que se marcan en el plan, así como la falta de concreción de los resultados que se pretenden obtener con las 155 medidas recogidas "dificultan su seguimiento y evaluación", según el informe. El Tribunal de Cuentas recalca además que el plan "no establece indicadores cuantitativos ni cualitativos, ni los plazos para la ejecución de las acciones, ni señala métodos de seguimiento permanente, evaluación y adaptación a lo largo de su vigencia".
Presupuesto
"Deberían haberse instaurado en su aprobación mecanismos de valoración de la acción de la Administración que gocen de objetividad, de adecuación a las metas definidas y de capacidad diagnóstica", añade el informe.
El tribunal incide también en los aspectos financieros. El presupuesto aprobado para el proyecto, que ascendía a un total de 806,7 millones de euros, "no figura de forma diferenciada en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para los ejercicios que abarca la realización del plan". En la misma línea, el texto resalta que los estados financieros de las diferentes instituciones implicadas en el mismo, así como los centros de Formación Profesional, no tienen identificados los gastos imputables al plan, ni se encuentran separados de los gastos ordinarios necesarios para el desarrollo de su actividad propia.
Por todo ello, el tribunal concluye que "no es posible evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la consecución de los objetivos del plan" y subraya que tampoco es posible determinar los gastos totales que ha supuesto su ejecución. El plan fue presentado en noviembre de 2004 por la entonces consejera de Educación, Universidades e Investigación, Anjeles Iztueta, de EA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de enero de 2010