La policía ha comunicado a la familia del narco arrepentido Ricardo Portabales que le retira la protección policial derivada de su condición de testigo protegido. El testimonio de Portabales fue clave para condenar a los principales responsables del narcotráfico gallego detenidos en la Operación Nécora. La decisión, adoptada por la Audiencia Nacional, asegura que los riesgos de Portabales y su familia "se han reducido sustancialmente si no totalmente". La familia asegura que la mujer del confidente, a la que se obligará a abandonar la casa en la que reside, sufragada por Interior, corre serio peligro. "La mafia no perdona", afirman. "Estamos hablando de los mayores narcotraficantes de España".
Además de la residencia familiar, que ocupa la esposa del confidente, los miembros de la familia del arrepentido recibieron una pensión del Gobierno para salir adelante y han gozado de protección policial durante todo el día en los últimos 18 años. "Esto no es justo. La familia Portabales ha realizado una importante prestación al Estado al denunciar a todos estos narcos. ¿Qué pensarán de esto los confidentes y testigos protegidos que hacen lo mismo actualmente?", afirman los familiares. "Estamos muy preocupados", añaden.
El auto de la Audiencia asegura, sin embargo, que la familia "ha prescindido voluntariamente, cuando así les ha convenido, de la protección otorgada". "Las normas de actuación del servicio de protección han venido siendo incumplidas reiterada y descaradamente desde prácticamente los primeros momentos de establecerse el servicio", aseguran, citando informes policiales, los magistrados, que contaron con el apoyo de la fiscalía. "Las medidas protectoras, sean de naturaleza personal o económica, no pueden prolongarse ad infinitum", mantiene el auto, que asegura que los Portabales "han tenido tiempo sobrado" de sufragar las necesidades cubiertas por estas medidas de protección.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 2010