El PP reaccionó ayer con irritación al apoyo prestado por los socialistas al acuerdo alcanzado el pasado jueves en el Ayuntamiento de Ortuella para que no regrese a prisión, en virtud de la doctrina Parot, un ex preso de ETA vecino de la localidad. Los populares creen que tal hecho va en contra de lo establecido en su pacto de gobernabilidad.
El parlamentario popular Carlos Urquijo, responsable en su partido de las cuestiones de Interior, consideró ayer que la iniciativa municipal resulta "inadmisible" y exige al Gobierno vasco que solicite al central su anulación judicial. El Ayuntamiento de Ortuella, gobernado por el PNV, aprobó por unannimidfad con los votos de esta formación, el PSE y EA que no vuelva a presidio el ex etarras y vecino de la localidad Patxi Gómez López, de 53 años, condenado en 1989 por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y tentativa de asesinato y quien salió de prisión hace ya un lustro.
Urquijo ha presentado ya una pregunta parlamentaria al consejero de Interior, Rodolfo Ares, en la que considera que esta moción pone en cuestión "el camino avanzado en los últimos meses en la deslegitimación activa del terrorismo". El parlamentario popular advierte de que este acuerdo "chirría cuando es aprobado por el grupo socialista", aunque reconoce que no sorprendería si hubiese sido aprobado sólo por los concejales nacionalistas.
Ley de Víctimas
Urquijo entiende que la decisión entra "en clara contradicción" con la Ley de Víctimas del Terrorismo, que señala que "los poderes públicos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, a que no existan situaciones injustas o de desamparo generadas por la impunidad" de los etarras.
En su opinión, esta moción "choca también con el acuerdo de bases para el cambio firmado entre PP y PSE", en el apartado de defensa de las libertades contra el terrorismo, que invoca "la determinación política para que desaparezca cualquier espacio de impunidad o intento de legitimación directa o indirecta de la violencia".
La situación del ex preso etarra está pendiente de un recurso de la Fiscalía contra la decisión de la Audiencia Nacional de dejarle en libertad al estimar que ya ha cumnplido su pena. En 2002, salió a la calle cuando cumplió las tres cuartas partes de la condena. Un año y cuatro meses después, la Audiencia decidió aplicarle la doctrina Parot, pero su defensa recurrió y el tribunal consideró la pena cumplida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 2010