No llueve a gusto de todos. Mientras los jueces exigen al poder político la independencia del Poder Judicial, las comunidades autónomas reclaman al Ejecutivo central el "traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal". En caso contrario, advierten de que la nueva oficina judicial "se pondría en serio riesgo". Fue el acuerdo al que ayer llegaron las once autonomías con transferencias en esta materia, entre ellas Euskadi, a la conclusión de una cita que durante dos días han celebrado en Pamplona para analizar la situación actual de la Administración de Justicia.
No fue el único consenso. Las comunidades pactaron también la constitución de una base compartida con los documentos que cada una haya redactado ya o vaya a elaborar sobre el despliegue de la nueva oficina, que se prueba por vez primera en el País Vasco. Además, mostraron un "firme compromiso" con el derecho a la asistencia jurídica gratuita e instaron al Ejecutivo a que presente el borrador de la nueva ley que regulará su prestación "antes del 30 de junio". Todas constataron, igualmente, la necesidad de racionalizar los juicios rápidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 2010