Acaban de constituirse y cuentan con el respaldo de más de una decena de colectivos cívicos, vecinales y sindicales. Se llamarán Ciudadanía por la transparencia, y se presentaron ayer en las puertas del Ayuntamiento de Orihuela. Su portavoz, Agustina Ballesta, explicó que van a remitir informes sobre los casos de corrupción en La Vega Baja a la Fiscalía General de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y a la Generalitat.
El colectivo exige que se dote de medios materiales y humanos a la Justicia para lograr el "desbloqueo" del caso Brugal, la mayor operación contra la corrupción en la comarca. En junio de 2007, fueron encarcelados el empresario Ángel Fenoll y cuatro de sus colaboradores, entre ellos Javier Bru, concejal del PP. Todos están en libertad provisional. El sumario, casi tres años después, sigue bajo secreto.
Además, instan a las administraciones a "poner freno a la alarma social que genera el sospechoso silencio" que rodea a los casos de corrupción. Por último, exigen que se ponga "punto final a esta sensación de impunidad de los políticos y de corrupción generalizada de las instituciones". La plataforma retoma la labor de Ciudadanos por la transparencia (entidad que surgió a raíz del caso Orihuela) y lamenta el "languidecimiento de las causas judiciales y la falta de participación ciudadana".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de febrero de 2010